DESDE WASHINGTON: La justicia en Latinoamérica

(envio de laind)

26 de noviembre de 2005

Perú quiere tener al ex presidente Alberto Fujimori de vuelta —y esposado. El hombre que ha vivido en exilio en Japón desde que abandonó la presidencia y Perú en noviembre del año 2000, apareció sorpresivamente en Chile a comienzos de mes. A las pocas horas, autoridades chilenas lo arrestaron y hoy permanece detenido a la espera de la solicitud formal de su extradición a Perú.

Para los miles de peruanos que quieren que Fujimori pague por sus abusos de poder y por el daño que infligió a su país, su larga espera parecería finalmente acercarse a un desenlace.

El recientemente reformado sistema judicial chileno prometía una rápida extradición —o al menos así lo parecía. Pero una semana después de su arresto, el 7 de noviembre, la ley de extradición de Chile cambió de forma que podría permitir a Fujimori comprar tiempo o incluso evadir la extradición del todo.

En vez de una audiencia abierta bajo el nuevo sistema judicial, el caso de Fujimori podría ser asignado a lo que se conoce como el sistema español inquisitivo de justicia. Lentos y cerrados al público, los procedimientos inquisitivos son del dominio de jueces e investigadores a quienes corresponde recoger evidencia con el propósito de descubrir la verdad. Después de meses, a menudo años, de esta secreta labor, finalmente el juez emite una sentencia.

Desde su retorno a la democracia, muchos países latinoamericanos han intentado cambiar este sistema —que demostró ser particularmente útil en las más abusivas dictaduras— a un proceso más abierto, transparente y rápido parecido al sistema acusatorio anglo-americano de procedimiento penal. En el sistema acusatorio, juicios abiertos permiten a los acusados escuchar la evidencia en su contra y a las víctimas confrontar al acusado. Los abogados, por su parte, son los responsables de recoger evidencia para comprobar inocencia o culpabilidad y los jueces actúan más como réferis entre dos partes que como árbitros de la verdad.

En América Latina, el paso del sistema inquisitivo al acusatorio es parte de la “consolidación de la gobernabilidad democrática”, asegura el profesor de California Western School of Law, James Cooper, director del Proyecto ACCESO sin fines de lucro que ha estado involucrado en el movimiento de reforma judicial a lo largo de la región.

Los sistemas reformados también buscan reducir la criminalidad y la impunidad, mejorar el ambiente legal para facilitar la inversión y el desarrollo económico y elevar la confianza pública en la justicia. Los resultados hasta ahora han sido ambiguos. En algunas ciudades como Barquisimeto, en Venezuela, reformas procesales han reducido a la mitad o más el tiempo para decidir algunos casos, según el Banco Mundial.

En México, el último país de la región en convertirse en democracia, el presidente Vicente Fox no ha logrado que el Congreso apruebe la reforma judicial. Pero a nivel local y estatal ha habido algunos avances. El estado de Nuevo Laredo ha llevado la delantera y en junio sostuvo la primera audiencia pública realizada en México en 75 años, lo cual atrajo la atención de medios, abogados y estudiantes de derecho de todo el país.

Durante su mandato de 10 años, Fujimori usó las debilidades del sistema inquisitivo para enjuiciar a miembros de los movimientos guerrilleros Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Los tribunales militares a puerta cerrada estuvieron a cargo de jueces anónimos “sin rostro”, que no permitían a los acusados refutar a sus acusadores. Después de abandonar el país, la nueva Corte Constitucional de Perú determinó que dichos juicios violaron los derechos básicos de los acusados y las condenas han sido revocadas. Ahora el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, está siendo juzgado en sesiones públicas.

Una debilidad adicional del sistema inquisitivo podría servirle también a Fujimori en el rol de acusado. Si su proceso de extradición toma años, en vez de meses, le permitiría al ex mandatario ejercer influencia en la política peruana, gracias a su proximidad a Perú, y a su vez librarse o al menos retrasar un juicio por crímenes cometidos durante su mandato. Esto no difiere mucho de la situación del ex dictador Augusto Pinochet, quien ha estado entrando y saliendo de cortes chilenas de estilo inquisitivo por cinco años, pero todavía no ha pasado un solo día tras las rejas.

Es difícil creer que Fujimori fue a Chile sin saber que pronto habría una laguna jurídica que lo beneficiaría. No hay duda que tenía que imaginar que Perú buscaría pedirlo en extradición a la primera oportunidad. Pero en una corte chilena al viejo estilo inquisitivo podría encontrar la forma de satisfacer su ambición política y al mismo tiempo mantener su desdén por la justicia peruana.

Marcela Sánchez escribe para el diario ‘The Washington Post’.